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Bruselas cree ilegal la tasa de 50 euros en la Verja y Rajoy pide que se vigile el blanqueo

 

El conflicto entre España y Reino Unido en la frontera gibraltareña continúa sin aclararse. Y la conversación telefónica -de unos doce minutos- entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, parece no haber servido de ayuda, ya que las versiones de ambas partes sobre la misma son contradictorias.

Por un lado, desde Bruselas aseguran que cobrar una tasa de 50 euros por cruzar la frontera, como pretendía el ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, sería ilegal. Así lo ha declarado en una rueda de prensa en Bruselas un portavoz del Ejecutivo comunitario, Olivier Bailly. Bailly también ha apuntado que las dos charlas de Barroso con el primer ministro británico David Cameron y con Rajoy han sido de corte "similar" y que en ambos casos les ha dejado claro que Bruselas espera "que las dos partes respeten el derecho de la UE aplicable". "Hay elementos del derecho europeo "que deben ser recordados", ha añadido. Sobre la idea planteada desde el Gobierno de cobrar una tasa fronteriza, Bailly ha advertido de que Bruselas no se va a pronunciar porque no existe una propuesta "formal", pero que de llevarse a cabo en esos términos sería "ilegal". "Cualquier impuesto o peaje cobrado en la frontera basado en el cruce (de dicho paso) sería ilegal", ha recalcado el portavoz.

 

Por otro lado, en Moncloa aseguran que Barroso "en ningún momento planteó ningún aspecto a Rajoy relativo a una posible tasa de congestión", informa Efe. En su conversación con Barroso, el jefe del Gobierno español ha expuesto que España ejerce sus obligaciones legales al establecer controles aleatorios, proporcionales y no discriminatorios en la frontera. El Gobierno, en un comunicado, informa de que Rajoy ha recordado al dirigente europeo que el acto unilateral de lanzamiento de bloques de hormigón en las aguas de la bahía de Algeciras por parte de las autoridades gibraltareñas es inaceptable y supone una violación de la normativa medioambiental.

No obstante, un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ha matizado a Europa Press que el Gobierno no pretende establecer un impuesto fronterizo, sino "una posible tasa por congestión en la Línea de la Concepción que será plenamente compatible con las normas comunitarias". Dicha tasa se basaría en el sistema de imposición de "peajes a los usuarios de una red particular de transportes en los periodos o áreas de demanda máxima para reducir la congestión del tráfico". El Gobierno está analizando la "compatibilidad" de esta posible tasa de congestión con la normativa comunitaria, si bien considera que "es posible" porque ya se ha puesto en marcha en otras ocasiones por parte de otros países de la Unión Europea.

 

Control de la fiscalidad

 

Lo que sí ha conseguido el jefe del Ejecutivo es que una delegación comunitaria se instale en Gibraltar para vigilar el blanqueo de dinero, el contrabando y la fiscalidad en la zona. Así se lo pidió Rajoy a Barroso durante su conversación telefónica, tras la que la CE ha asegurado que enviará una misión a la Verja "lo antes posible".

 

El presidente del Gobierno había expresado a Barroso la necesidad de verificar y controlar que la actividad económica en Gibraltar no vulnere la normativa europea relativa a blanqueo de dinero, contrabando y fiscalidad. Tras manifestar que España aplicará "medidas legales en defensa de la propia legalidad española y europea, y de los intereses de España y los españoles", Rajoy ha reiterado la disposición al diálogo con el Reino Unido, de acuerdo con el derecho internacional y europeo y en los términos acordados con el primer ministro del Reino Unido. 

 

Desde Bruselas manifiestan que la fecha de la visita de la misión comunitaria está aún por fijar, aunque la Comisión barajaba inicialmente llevarla a cabo en septiembre. Bruselas decidió plantear esa visita de expertos a raíz de las quejas recibidas de parte de ciudadanos y eurodiputados por los controles en la frontera entre España y Gibraltar. La CE ha insistido en las últimas semanas en que España tiene la potestad de vigilar sus fronteras, pero ha recordado que los controles deben ser proporcionados.